Arrestados dos sujetos en EE. UU. por vender equipos industriales a empresas venezolanas sancionadas
Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Cairo-Padrón, venezolano, de 56 años y residente de Huntsville, Texas, y Thomas Michael Fortinberry, de 51 años y residente de Decatur, Alabama
Foto: Archivo.- Dos ciudadanos, uno estadounidense y otro venezolano, fueron arrestados el pasado 13 de junio por su presunta participación en un esquema internacional para evadir sanciones estadounidenses y suministrar ilegalmente bienes industriales a empresas estatales de Venezuela sujetas a restricciones.
Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años y residente de Huntsville, Texas, y Thomas Michael Fortinberry, de 51 años y residente de Decatur, Alabama.
Ambos fueron acusados formalmente en una denuncia penal federal por violar las sanciones impuestas a Venezuela, contrabando de mercancías y lavado de dinero. Está previsto que comparezcan este lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Texas.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Cairo, ciudadano venezolano con residencia legal permanente en EE. UU., y Fortinberry habrían operado durante años un esquema que involucraba la venta de catalizadores químicos, equipos industriales y servicios técnicos a empresas venezolanas sancionadas, entre ellas el Complejo Siderúrgico de Guayana S.A. (COMSIGUA), propiedad del Estado venezolano.
Los acusados utilizaron compañías fachada, tanto estadounidenses como extranjeras, incluidas DRI Reformers y Reformer Technologies, para «ocultar» las transacciones, indicó el organismo.
Según el Departamento de Justicia, parte de los bienes fueron enviados desde China directamente a Venezuela, y al menos una operación se llevó a cabo desde Estados Unidos. Asimismo, los pagos habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, China, España y Alemania, como parte de un elaborado esquema para ocultar el origen y destino de los fondos.
De ser hallados culpables, Cairo y Fortinberry enfrentarían hasta 20 años de prisión por los delitos relacionados con sanciones y lavado de dinero, y 10 años por contrabando.
El caso está siendo investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa. La acusación está en manos de fiscales del Departamento de Justicia, incluidos miembros de la División de Seguridad Nacional y del Distrito Sur de Texas.
El Cooperante
