Trabajadores de CVG Venalum amenazan con desobediencia civil y protestas ante el posible retorno de Glencore

(Especial) La reactivación de la mayor productora de aluminio primario de Venezuela, CVG Venalum, enfrenta una creciente ola de rechazo sindical. Sectores laborales y extrabajadores del estado Bolívar exigen al Gobierno venezolano excluir a la multinacional Suiza GlencorePlc. de cualquier alianza comercial o de recuperación operativa, amenazando con paralizaciones y medidas de fuerza de no ser escuchados antes del pago de los beneficios de fin de año, es decir utilidades.

«Acá hay negocios por todas partes y esos millones de dólares no llegan al ciudadano, no llegan al sector salud, no llegan a los venezolanos. ¿Dónde está ese dinero? No descartamos ningún tipo de acción. La desobediencia civil y la radicalización de la protesta de calle son opciones que tenemos en los próximos días, si no escuchamos un pronunciamiento de parte de las autoridades, nosotros en Guayana vamos a tomar medidas más fuertes», advierten voceros sindicales de la región.

El sector laboral de la masa industrial en el estado Bolívar mantiene un firme rechazo ante el posible retorno de la multinacional multinivel Glencore a las operaciones de CVG Venalum, la principal planta reductora de aluminio de Venezuela.

Representantes sindicales y extrabajadores han intensificado sus protestas en las instalaciones del complejo en Puerto Ordaz para demandar la exclusión definitiva de la firma suiza en los planes de reactivación operativa.

La tensión ha llegado a un punto crítico en el que los voceros de base no descartan emprender acciones de desobediencia civil y radicalizar las protestas de calle antes del pago de las utilidades de fin de año, exigiendo un pronunciamiento inmediato de las autoridades nacionales para evitar una paralización masiva en la región de Guayana.

El malestar de los trabajadores cobra especial fuerza tras salir a la luz reportes periodísticos de la agencia Bloomberg que revelan negociaciones avanzadas del Gobierno venezolano con GlencorePlc y MercuriaEnergyGroup para ceder la gestión operativa de Venalum a cambio de acceso a su producción de aluminio primario.

A pesar de que la estatal cuenta con una capacidad instalada de 430.000 toneladas anuales, actualmente opera a una mínima fracción de su potencial debido al deterioro de la infraestructura y a la crisis energética.

La fuerza laboral respalda la llegada de inversiones privadas para levantar la producción y resguardar los puestos de trabajo, pero sostiene que Glencore carece de la confianza y la legitimidad necesarias para asumir este rol.

La desconfianza del sector obrero se fundamenta en un largo historial de reclamos y compromisos pendientes, desde las jornadas de protesta registradas entre junio y septiembre, diversos voceros legales y dirigencias sindicales han denunciado el incumplimiento continuo de contratos y beneficios laborales desde el año 2003, no solo en Venalum, sino también en otras filiales del conglomerado como Carbonorca y Bauxilum.

A esto se suma el impago de prestaciones sociales por parte de empresas contratistas asociadas, lo que ha generado demandas judiciales y un profundo desencanto en miles de familias que ven cómo se negocian grandes capitales extranjeros mientras sus exigencias socioeconómicas siguen relegadas.

Un factor de alta tensión financiera es la condición de acreedor que ostenta la multinacional europea frente al Estado venezolano, con un pasivo registrado que asciende a 83.530.776 dólares con Glencore AG.

Los sindicatos expresan un grave temor de que los recursos destinados a la urgente rehabilitación técnica del complejo industrial se desvíen para saldar esta deuda histórica en lugar de invertirse en la planta o en los pasivos laborales.

Aunque las corporaciones internacionales y el Ministerio de Información han evitado dar declaraciones públicas sobre el estatus de las conversaciones, la fuerza laboral de Guayana insiste en que cualquier modelo de recuperación debe priorizar la reconstrucción de la confianza con sus trabajadores y garantizar el bienestar social antes de otorgar concesiones comerciales.

Las distintas partes involucradas en el conflicto por la gestión de CVG Venalum mantienen posturas claramente diferenciadas frente al futuro del complejo industrial.

Por un lado, los sindicatos y trabajadores exigen la exclusión total de Glencore en los planes de reactivación, condicionando la paz laboral en la región a la llegada de inversiones transparentes que aseguren la estabilidad de los puestos de empleo y garanticen el pago de las prestaciones sociales pendientes.

Por su parte, los conglomerados internacionales GlencorePlc y MercuriaEnergyGroup sostienen conversaciones independientes con el Gobierno venezolano para evaluar su participación en las operaciones, aunque ambas multinacionales han evitado emitir comentarios públicos sobre el estado de las negociaciones.

En tanto, la administración estatal no ha emitido un pronunciamiento oficial definitivo sobre los plazos o las condiciones bajo las cuales se otorgaría la gestión de este estratégico complejo en Guayana.

Ante este panorama, la dirigencia laboral enfatiza que el movimiento obrero no se opone al ingreso de capital privado internacional para reflotar la castigada industria del aluminio en el país.

Sin embargo, sostienen con firmeza que las empresas seleccionadas deben contar con la legitimidad e idoneidad necesarias para superar la profunda brecha de confianza que existe con la mano de obra local. News365.