Meritocracia y reinstitucionalización en la Venezuela del mañana

Venezuela se encuentra ante el desafío histórico de reconstruir sus cimientos institucionales. Tras décadas de desprofesionalización, centralismo y erosión del aparato estatal, el debate sobre el diseño del Estado del mañana suele centrarse en reformas jurídicas, macroeconómicas o electorales, lo cual no está mal en absoluto. Sin embargo, existe una dimensión psicológica y cultural profundamente arraigada en nuestro tejido social que amenaza con boicotear la transición hacia una verdadera meritocracia: el repliegue de los más aptos y la audacia desmedida de los incompetentes. Para fundar una república eficiente, no solo se necesitan nuevas leyes, sino una transformación en la forma en que los profesionales venezolanos asumen el liderazgo y ocupan los espacios de poder.

En el ámbito de la psicología, se define al «síndrome del impostor» como un fenómeno en el cual una persona duda crónicamente de sus logros y mantiene un temor persistente a ser descubierta como un “fraude”, a pesar de existir pruebas objetivas de su talento, capacidad y éxito profesional. Descrito en 1978 por las psicólogas estadounidenses PaulineClance y Suzanne Imes, ese síndrome se caracteriza por una alarmante atribución externa del éxito: quienes lo experimentan adosan sus triunfos a la suerte, a la casualidad o al simple hecho de haber estado “en el momento oportuno y en el lugar adecuado”, desestimando su propio esfuerzo, inteligencia y preparación. En esencia, se trata de una distorsión del saber que minimiza la propia capacidad, sembrando dudas paralizantes como: ¿Estaré realmente preparado? ¿Tengo suficiente experiencia? ¿Seré capaz de hacerlo bien?

Cuando ese fenómeno se traslada al entorno político y a la administración pública de una nación en crisis, las consecuencias son devastadoras. En la Venezuela contemporánea, marcada por el éxodo de talentos y la orfandad institucional, se ha generado un vacío de liderazgo técnico que urge llenar. El problema radica en que, mientras los profesionales más calificados –aquellos formados en nuestras universidades, con posgrados y trayectorias íntegras– se autoexcluyen abrumados por la duda y la inmensa responsabilidad que implica reconstruir un país destruido, los menos preparados avanzan sin complejos ni vergüenza. Los individuos carentes de credenciales académicas o éticas ocupan las vacantes sin cuestionarse absolutamente nada; hablan con una seguridad pasmosa, dictan “cátedra” sobre temas que desconocen y aceptan jefaturas, direcciones y magistraturas para las que jamás se prepararon.

Es precisamente en ese escenario donde termina operando de forma implacable el «principio de Peter». Esta conocida teoría de gestión y administración, formulada por el psicólogo canadiense Laurence J. Peter, establece que en una jerarquía determinada, todo empleado tiende a ascender hasta alcanzar su nivel de incompetencia. En una Venezuela reinstitucionalizada, el peligro ya no será el nepotismo burdo del pasado reciente y del presente, sino la promoción inercial de la lealtad partidista o el activismo militante por encima de la aptitud técnica. Si permitimos que el activista audaz reemplace crónicamente al técnico riguroso, perpetuaremos ministerios, viceministerios y direcciones paralizados por la impericia. El principio de Peter se convierte así en una patología de Estado: las instituciones se llenan de personas estancadas en puestos que superan por completo sus capacidades, pagando la ciudadanía el costo en forma de servicios públicos colapsados, políticas económicas fallidas y una rampante ineficiencia.

El núcleo de la tragedia institucional venezolana aparece cuando la sociedad, y los propios profesionales, confunden humildad con incapacidad. La prudencia intelectual y el rigor técnico suelen ser leídos erróneamente como debilidad o falta de carácter político. Este error conceptual le cede el espacio de las decisiones críticas a los charlatanes, arribistas y buscadores de oficio. Es perentorio internalizar que reconocer cuánto nos falta por aprender no es un síntoma de debilidad; al contrario, demuestra una profunda madurez para liderar. Sentirse inseguro ante la magnitud de la reconstrucción nacional no significa ser incompetente. Más bien, es el síntoma inequívoco de que se comprende el peso real, moral e histórico de tomar decisiones que afectarán la vida de millones de ciudadanos. La audacia ciega del incompetente no es liderazgo; es simple irresponsabilidad.

La duda legítima puede –y probablemente debe– acompañar siempre al servidor público honesto como un mecanismo de control de calidad en su fuero interno. Lo que la duda jamás puede hacer es decidir por nosotros, ni llevarnos a entregarle por omisión el lugar que merecemos a quien desea fervientemente el cargo por ambición de poder, pero no está preparado y nunca ha entendido la magnitud de la función pública. El silencio de los aptos es el combustible de los incapaces. Una Venezuela reinstitucionalizada no puede permitirse el lujo de mantener a sus mejores mentes en la periferia de la toma de decisiones por temor a no dar la talla.

En definitiva, si somos ciudadanos capaces, éticos y académicamente preparados, no necesitamos saberlo todo ni poseer la verdad absoluta para asumir una alta responsabilidad del Estado. El liderazgo moderno y democrático no exige mesías “sabios” y sin títulos, sino gerentes institucionales. Para que la meritocracia sea una realidad palpable y no una utopía discursiva, bastará con tener la honestidad intelectual para escuchar, la firmeza para decidir y la sabiduría para rodearse de un equipo que sepa más que nosotros sobre aquello que desconocemos. La reconstrucción de Venezuela no se logrará con líderes infalibles, que no existen, sino con profesionales conscientes de sus límites, decididos a vencer sus propios complejos y dispuestos a desplazar, de una vez por todas, a la incompetencia del poder.

La verdadera reinstitucionalización del país exige, por lo tanto, abandonar de forma definitiva los viejos esquemas clientelares para cimentar el aparato público sobre las nociones de un gobierno abierto, moderno e inteligente. La meritocracia se convertirá en una práctica transparente mediante el establecimiento de una carrera de servicio civil rigurosa, blindada por concursos públicos de ingreso, rendición de cuentas e incentivos competitivos orientados estrictamente a resultados. Al profesionalizar a los funcionarios del Estado y dignificar por mérito técnico a sus operadores, se cerrará de raíz la puerta a la improvisación arbitraria. Solo a través de ese blindaje burocrático se garantizará que la administración de los recursos sea pulcra, descentralizada y dirigida por la excelencia, transformando al Estado en una estructura robusta y eficiente abocada exclusivamente al bienestar del ciudadano.