AN aprueba en primera discusión reforma parcial del TSJ: Comité de Postulaciones Judiciales pasaría de 21 a 23 integrantes

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, en primera discusión, el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que plantea aumentar de 21 a 23 los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales.

La propuesta fue discutida semanas después de que el Gobierno venezolano y representantes de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 acordaran iniciar un proceso de transformación del sistema de justicia, entre ello la renovación de los magistrados del TSJ y la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Durante la sesión extraordinaria, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la legislación vigente establece un comité integrado por 21 miembros: 11 diputados y 10 representantes de distintos sectores de la sociedad.

La reforma propone mantener en 11 el número de parlamentarios y sumar dos representantes de la sociedad venezolana, para llevar a 12 su participación y elevar a 23 el total de integrantes. 

Infante subrayó que la responsabilidad de conducir el proceso de selección corresponde a la Asamblea Nacional electa en 2025 y defendió la necesidad de garantizar un procedimiento «transparente, pulcro y amplio» para la designación de los nuevos magistrados.

Por su parte, el diputado opositor Luis Florido sostuvo que Venezuela «no va a poder salir de su crisis sin recuperar las instituciones». 

«La recuperación de la institucionalidad democrática es extremadamente importante», expresó Florido, al tiempo que consideró que la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales puede representar una «señal positiva».

Sin embargo, destacó que uno de los problemas del sistema de justicia venezolano es su «politización», por lo que planteó que los nuevos magistrados deben ser independientes y contar con las credenciales, preparación y condiciones necesarias para ejercer sus funciones.

Florido sostuvo que la recuperación de la justicia también tiene implicaciones económicas, al considerar que la inversión requiere poderes públicos «equilibrados». 

Asimismo, señaló que el actual proceso de diálogo debe tener «claridad de objetivos». 

«El objetivo principal es que Venezuela recupere su justicia, que desde hace mucho tiempo no tiene. No hay inversión si no hay poderes públicos equilibrados; y si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay dinero que llegue al bolsillo del venezolano», agregó. 

«Esperamos que esta oportunidad se concrete en hechos; no para volver a politizar la justicia desde el Tribunal Supremo colocando magistrados —ahora no de un grupo político, sino de otro—, sino para que realmente sean magistrados de todos los venezolanos, con las credenciales adecuadas, con las condiciones adecuadas, con los estudios adecuados, con la preparación adecuada y con el equilibrio que nos represente a todos», concluyó. 

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que las decisiones que corresponden constitucionalmente al Parlamento deben ser discutidas y adoptadas dentro de esa institución.

«Esta discusión de reforma de ley lo comprueba: ¿dónde estamos discutiendo la reforma? Donde se tiene que discutir», afirmó.

Rodríguez señaló que el sector de la oposición que participa en el proceso de diálogo presentó propuestas relacionadas con una «transformación profunda del sistema de justicia». 

Explicó que ese planteamiento contempla cambios que abarcan desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta los distintos niveles de la administración judicial, incluidos los jueces de primera instancia y de control.

Según Rodríguez, el objetivo sería avanzar hacia un sistema que permita garantizar una administración de justicia «más justa», combatir la mercantilización de los procesos judiciales y evitar prácticas irregulares dentro del sistema.

En este sentido, el parlamentario dijo que algunas organizaciones no gubernamentales cobran a los presos políticos para buscar sus liberaciones. 

Ante ello, cuestionó la discrepancia en las cifras de excarcelaciones que manejan estas organizaciones con respecto a las anunciadas por el Gobierno. 

«¿Ustedes saben por qué hay esa distorsión? (…) Es que en esas listas están solamente los que pagan, los que no pagan no están en esas listas, es la verdad», afirmó. 

Por ello, pidió actuar ante lo que consideró «una forma de mercantilización de la justicia» en la que, según dijo, se usa al «preso como un producto».

El presidente de la AN también señaló que, dentro del proceso de diálogo, el Gobierno planteó respaldar los esfuerzos destinados a atender a las personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Indicó que estas acciones abarcan áreas como vivienda, salud, infraestructura y remoción de escombros, además de los recursos destinados a financiar la atención de las víctimas.

Rodríguez agregó que el Gobierno espera recuperar el oro venezolano que permanece retenido en Reino Unido y afirmó que, de concretarse, esos recursos serían destinados íntegramente a atender a las personas afectadas por los terremotos y otras necesidades de la población.

Pidió avanzar hacia una «verdadera transformación» del sistema de justicia y sostuvo que la designación de los integrantes del nuevo Tribunal Supremo de Justicia deberá realizarse conforme a lo establecido en la Constitución. 

Finalmente, reiteró que esa responsabilidad corresponde a los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2025.