Provea exigió detener la minería ilegal y garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas
La ONG Provea cuestionó que las autoridades del régimen reafirmen su compromiso con la protección de la Madre Tierra durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 2026 (COP31), mientras la minería ilegal continúa afectando la Amazonía y los territorios ancestrales del país.
En una publicación difundida este jueves 12 de noviembre, Provea alertó sobre la actividad aurífera ilegal en el sector indígena 3, a orillas del río Caroní, donde -denunció- la explotación minera devasta el cauce y los bosques ribereños. También señaló la destrucción en el sector indígena 5 Apoipo, en la Gran Sabana, que atribuyó a una actividad sostenida por el suministro constante de combustible.
Provea recordó que la expansión de la minería en la Amazonía venezolana se intensificó desde 2016, tras la creación del Arco Minero del Orinoco, que abarca 111.843,70 kilómetros cuadrados del sur del país. Desde entonces, aseguró, la actividad se ha extendido hacia otros territorios de la Amazonía.
La organización también señaló que, según su Informe Provea 2025, durante ese año la minería legal e ilegal alcanzó casi todas las regiones de Venezuela, mientras que el proceso de demarcación de territorios indígenas permanece paralizado desde 2015.
De acuerdo con el informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo, apenas 7,24 % de las hectáreas solicitadas por pueblos indígenas de Amazonas y Bolívar cuenta con títulos de propiedad.
Ante este panorama, Provea exigió acciones concretas para detener la actividad minera y garantizar el respeto a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. “Más que discursos en cumbres internacionales, exigimos acciones que detengan la depredación minera en Venezuela”, expresó la mencionada ONG.
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