Alejandro Lanz denuncia paralización de permisos del Senafim en Bolívar
El director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, denunció las dificultades administrativas que estaría imponiendo el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM) para autorizar el traslado de materiales de construcción primarios, como cemento y tuberías de hierro, hacia distintos municipios del estado Bolívar.
Lanz señaló que, mientras desde el Gobierno central se promueven medidas fiscales orientadas a incentivar la actividad económica y facilitar la formalización de emprendimientos privados, las actuaciones del SENAFIM estarían generando un efecto contrario, mediante exigencias burocráticas que obstaculizan el desenvolvimiento comercial.
Según explicó, los comerciantes deben esperar semanas para obtener los permisos de traslado y, durante el último mes, la emisión de estas autorizaciones habría quedado completamente paralizada, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial que explique las razones de esta medida.
Esta situación habría provocado un desabastecimiento generalizado de materiales de construcción en los municipios del estado Bolívar, con excepción de Caroní y Angostura del Orinoco.
El director del CIEV advirtió que la reducción de la oferta está generando distorsiones en el mercado y un incremento especulativo de los precios, cuyo impacto recae especialmente sobre los mineros artesanales, pequeños comerciantes y ciudadanos que necesitan adquirir estos materiales.
Asimismo, cuestionó que algunos comerciantes continúen recibiendo las autorizaciones mientras otros permanecen paralizados, una situación que, a su juicio, podría estar favoreciendo asignaciones discrecionales y condiciones de desigualdad ante la ley.
Lanz alertó que los comerciantes que no participan en estos mecanismos estarían enfrentando pérdidas económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus establecimientos y la conservación de puestos de trabajo. También destacó que las consecuencias trascienden a los municipios mineros, pues afectan a distribuidores y fabricantes establecidos en Caroní y Angostura del Orinoco, que ven limitada su capacidad de comercializar sus productos.
Entre los casos señalados mencionó a la Corporación Socialista de Cemento, cuyas ventas en su planta de Guayana habrían experimentado una importante caída debido a las restricciones para transportar y distribuir el producto hacia los municipios mineros.
Ante este escenario, Alejandro Lanz exigió un pronunciamiento inmediato de las autoridades nacionales y regionales del SENAFIM, así como del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, encabezado por Héctor Silva, para que se expliquen los criterios aplicados en la asignación de permisos y se restablezca la normalidad en el traslado de materiales.
“Las instituciones públicas tienen el deber de servir al ciudadano y garantizar condiciones transparentes e iguales para todos, no convertirse en instrumentos que favorezcan intereses particulares en detrimento de la actividad económica y de la población”, es el planteamiento central de la denuncia formulada por el director del CIEV.
Lanz considera urgente corregir esta situación, garantizar transparencia en los procedimientos administrativos y evitar que las restricciones al transporte de materiales esenciales continúen profundizando las dificultades económicas en el estado Bolívar.
Control de la distribución de materiales
A las irregularidades administrativas denunciadas se suma otro elemento de especial preocupación: según los señalamientos recibidos por el director del CIEV, parte del escaso material que logra ingresar a los municipios del sur de Bolívar estaría bajo el control de actores vinculados a las economías ilícitas que operan en la entidad.
De acuerdo con estas denuncias, en el sector conocido como Los Kilómetros existiría un esquema de control atribuido a un individuo identificado con el alias de «Humbertico», quien presuntamente actuaría junto a una banda integrada por ciudadanos colombianos y turcos. En El Dorado, los señalamientos apuntan a un individuo conocido como «Negro Fabio».
Asimismo, en Upata se denuncia que la distribución de los materiales estaría concentrada en apenas dos establecimientos ferreteros, cuyos propietarios serían personas presuntamente favorecidas por sus conexiones con sectores de poder.
Para Lanz, estos señalamientos ameritan una investigación exhaustiva, pues plantean interrogantes sobre quiénes controlan realmente la comercialización y distribución de materiales de construcción en los municipios del sur del estado Bolívar, cuáles son los mecanismos de asignación y qué intereses están detrás de estas restricciones.
El director del CIEV considera indispensable determinar si las trabas administrativas del SENAFIM, sumadas al presunto control territorial y comercial ejercido por determinados actores, están propiciando un mercado desigual en el que los comerciantes independientes y la población terminan siendo los principales perjudicados.
Vía: EDG
