En el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz: Familias de los detenidos en el Operativo Roraima piden justicia

Por Rosangely Bruces CNP 26.291 

A las afueras del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, el rostro del retardo procesal en el estado Bolívar tiene nombres, apellidos y años de espera acumulados. Familiares de los detenidos durante el denominado Operativo Roraima alzaron nuevamente su voz este jueves 22 de octubre para denunciar lo que catalogan como un patrón sistemático de violaciones al debido proceso, causas forjadas y una dilatación judicial que ya sobrepasa los cuatro años.

El reclamo expone la realidad de decenas de personas aglomeradas en expedientes masivos bajo imputaciones por delitos como asociación para delinquir, tráfico de armas, municiones y terrorismo, donde el factor común ha sido el incumplimiento de las garantías constitucionales y la paralización de los tiempos legales.

«Cuatro años luchando contra un expediente forjado»

Entre los testimonios que reflejan un laberinto técnico y la arbitrariedad en la conformación de estas causas, se encuentra el de Slaihmen Seguias, cuyo hermano Joseph Slaihmen Seguías fue detenido el pasado 10 de noviembre de 2022 en su vivienda.

De acuerdo al relato; una de las irregularidades en el caso de Joseph reposa en el acta de presentación ante el Ministerio Público, donde se asentó de manera irreal que la detención se hizo el 9 de noviembre.

No obstante, durante más de un año y medio, la defensa libró una batalla institucional para que se incorporara al proceso una prueba audiovisual que desmontaba la versión oficial: un video que lo ubicaba en la vía pública un día después de la presunta detención.

Dicha prueba, aunque fue promovida formalmente dentro de los 45 días continuos que establece la ley, fue omitida por el Juzgado Quinto de Control, mencionó el hermano del detenido.

Al mismo tiempo, señaló que no fue sino tres años y dos meses después cuando la representación judicial revisó el material grabado, constatando la gravedad de la omisión.

«Tuve que ir a buscar a los mismos testigos de la fiscalía y del DGCIM hasta Maturín para que vinieran a declarar, y en el tribunal declararon que ni siquiera sabían quién era mi hermano», denunció.

Asimismo, cuestionó la acumulación arbitraria de causas en un solo expediente de «mero trámite» para abultar cifras estadísticas tras el despliegue del Plan Roraima. Aseveró que a pesar de haber acudido a instancias superiores en Caracas y de haber introducido amparos constitucionales por violación flagrante al debido proceso, el expediente continúa paralizado a la espera de experticias que, asegura, jamás se practicaron.

Tumeremo y el costo del tiempo que no vuelve

Por su parte, Karla Mendoza, familiar de Osmarlys Arcia, visibilizó la cotidianidad con la que los pobladores del municipio Sifontes enfrentaron los despliegues de seguridad que terminaron en aprehensiones masivas.

Mendoza, narró que su prima Osmarlys fue detenida en Tumeremo durante un chequeo de rutina. Fue trasladada para rendir declaración. De ese procedimiento transcurrieron cuatro años.

«No estamos pidiendo un favor; estamos exigiendo que se cumpla la Constitución. Parece que ellos están por encima de la ley. Nos dicen ‘firmen y se van’, perdimos la cuenta de las audiencias después de la número 52», manifestó Mendoza.

Actualmente en fase de juicio, la causa de Arcia suma más de 15 audiencias esperando la comparecencia de los funcionarios actuantes.

Ante ello, Mendoza recordó que, de acuerdo al ordenamiento jurídico penal, ante la incomparecencia reiterada de los promoventes, las acusaciones deben ser desestimadas.

En ese orden, enfatizó la urgencia de aplicar el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual fija los límites máximos de la privación preventiva de libertad, superados con creces en este caso.

«Cuando veo al hijo de mi prima, que era un bebé cuando se la llevaron y hoy es un hombrecito, entiendo la dimensión de estos cuatro años de evasivas», lamentó.

«Concluyó el juicio, demostró inocencia y sigue preso»

Otros de los relatos fue el caso de José Miguel Cabrera, cuya aprehensión se dio por la falta de documento de identidad al momento de un abordaje de seguridad, relató su hermana Rosibel Carrera.

Cinco años después, permanece privado de libertad bajo cargos de terrorismo.

A diferencia de otros procesos en curso, la fase de juicio de Carrera ya culminó formalmente, dijo su familiar, refiriendo que los funcionarios actuantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) declararon en el debate oral sin aportar elementos incriminatorios que sustentaran la acusación.

«Ya terminó todo, los guardias declararon, no hay pruebas de nada. Lleva tres meses esperando sentencia porque ‘están revisando el expediente’. ¿Qué más van a revisar si ya se demostró que es inocente? Solo exigimos una respuesta inmediata y su libertad», cuestionó Carrera, quien ha asumido la asistencia al tribunal tras el fallecimiento de su madre durante el proceso.

Exigencia de garantías constitucionales y aplicación del COPP

Con 16 audiencias diferidas en la fase actual y un acumulado de más de 52 desde el inicio de la causa, las familias exigen el cese del diferimiento sistemático.

Junto a ellos, estuvo Daniel Romero, defensor de derechos humanos y expreso político, quien acompañó la jornada de protesta de las familias de los detenidos en el Operativo Roraima.

Romero señaló la inaplicación recurrente del artículo 230 del COPP en la jurisdicción de Puerto Ordaz y exhortó a las autoridades a respetar los marcos de garantías constitucionales discutidos en las mesas de diálogo nacional, así como los pronunciamientos de organismos internacionales sobre las actuaciones de entes de contrainteligencia y seguridad.

«Hay compañeros con más de cuatro años tras las rejas en condición de extrema vulnerabilidad. Exigimos la aplicación inmediata del artículo 230 y la libertad absoluta para estos ciudadanos. No queremos condenas extemporáneas para justificar los errores judiciales cometidos por jueces y fiscales», sentenció Romero.

Finalmente, familiares entendieron un llamado a las autoridades nacionales, además mencionaron que mantendrán las acciones de denuncia pública e institucional hasta lograr la revisión integral de las causas y la liberación de los procesados.