SNTP advierte que reforma parcial a la Ley contra el Odio mantendría la censura contra medios y periodistas
Redacción ODD/ InfoSur Guayana/ CNP 26.291
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtió que la reforma parcial a la Ley contra el Odio presentada ante la Asamblea Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantendría la censura contra los medios de comunicación y periodistas.
A través de un comunicado, la organización gremial valoró como un paso necesario la intención de eliminar las penas de prisión, sin embargo, alertó que la medida resulta insuficiente si se mantienen vigentes las sanciones administrativas.
En la información, recordaron que desde la aprobación de la norma en 2017, la prensa, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han exigido su anulación por considerar que atenta contra las garantías fundamentales.
Para el gremio, el planteamiento de despenalización reconoce los cuestionamientos que históricamente ha recibido la ley, además de recoger uno de los puntos claves llevados por la delegación opositora a las mesas de diálogo.
No obstante, el SNTP reiteró que la Ley contra el Odio es inconstitucional y debe ser derogada por completo.
En ese sentido, aseveraron que una modificación que solo se limite a eliminar el artículo 20 —que establece penas de 10 a 20 años de cárcel por supuesta incitación al odio bajo criterios discrecionales— dejaría intocada la estructura represiva de la norma.
Por otro lado, manifestaron que la preocupación se centra también en el artículo 22, que faculta al Estado a revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales web de noticias y sancionar a medios digitales con multas de hasta 100.000 unidades tributarias si no retiran contenidos en un plazo de seis horas.
A juicio del sindicato de la prensa, estas medidas administrativas no conllevan cárcel, pero generan un impacto devastador al sacar emisoras del aire, invisibilizar el trabajo informativo y condicionar la línea editorial de los medios.
Por ello, subrayaron que cualquier revisión legal debe desmontar de raíz tanto la criminalización del ejercicio periodístico como los mecanismos que permiten aplicar la censura en el país.
