Ruta de la Libertad exige al Gobierno libertad plena para los presos políticos desde Upata

Con familiares de detenidos y expresos políticos como protagonistas, la Ruta de la Libertad elevó este viernes desde Upata su exigencia de liberar a quienes permanecen tras las rejas y revisar los procesos judiciales que mantienen abiertos sus casos.

Prensa Libertad. – “Ya no es un pedimento, es una exigencia”. Desde el municipio Piar, la Ruta de la Libertad elevó este viernes la presión para que sean liberados los ciudadanos que permanecen privados de libertad y reclamó a la mesa de diálogo respuestas concretas sobre los casos que continúan pendientes.

La jornada puso nuevamente en primer plano a las familias que esperan por la excarcelación de sus allegados. Con el Bus de la Libertad como símbolo de la movilización, expresos políticos, familiares, dirigentes sindicales, gremios y representantes de la sociedad civil se concentraron en Upata para denunciar la prolongación de procesos judiciales y exigir la revisión de los casos.

El reclamo adquirió especial significado en Piar, donde, según expuso el dirigente político Daniel Romero, todavía permanecen detenidos ciudadanos vinculados con el municipio, entre ellos el teniente coronel Ovidio Carrasco y los hermanos De Grazia.

También estuvieron presentes familiares de Franklin Durán, Igbert Marín Chaparro y Jairo Jesús Villegas, entre otros.

“Queríamos elevar la voz desde Piar, porque Piar tiene unos hijos que todavía están tras las rejas”, afirmó Romero durante la actividad.

El dirigente explicó que la Ruta de la Libertad recorre distintos municipios para llevar el testimonio de quienes han pasado por centros de detención y de los familiares de quienes todavía permanecen encarcelados.

“Muchos compañeros que fuimos encarcelados por pensar diferente, otros por ser acusados de crímenes que no cometimos”, señaló al referirse al origen del recorrido.

El reclamo por Marín Chaparro y los detenidos de Bolívar

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reclamo por Igbert Marín Chaparro, quien este viernes cumple 48 años mientras continúa privado de libertad.

Romero recordó su caso y sumó a la exigencia los nombres de otros ciudadanos que, según afirmó, permanecen detenidos.

“Por eso hoy desde aquí nos pronunciamos, también por García Palomo, también del estado Bolívar, y por el capitán Sequeda, también del estado Bolívar. Muchos compañeros que están tras las rejas, 26 mineros que siguen tras las rejas y no han sido liberados”, expresó.

El dirigente insistió en que la liberación de los detenidos debe ser abordada por la mesa de diálogo.

“Ya no es un pedimento, es una exigencia; le solicitamos a la mesa de diálogo que de una vez por todas sean liberados estos compañeros”, sostuvo.

Romero también cuestionó la prolongación de los procesos y sostuvo que los detenidos continúan enfrentando vulneraciones de sus derechos fundamentales.

“Una cosa es abrir una puerta y otra cosa es retener a la gente adentro”

A la exigencia de Romero se sumó Ignacio Moreno, quien centró su intervención en la situación procesal de los detenidos y en las consecuencias que, según sostuvo, tiene la permanencia de presos políticos para sus familias y para el país.

Moreno reclamó que los casos sean revisados de manera individual y que se determine si existen elementos suficientes para mantener las acusaciones.

“Podemos hacer una mesa de trabajo donde se determine la experticia de los casos y se vea que no hay evidencia suficiente”, planteó.

El vocero cuestionó además el ritmo de las decisiones adoptadas en torno a las excarcelaciones y puso el foco en quienes recuperan la libertad bajo medidas cautelares.

“Todos los presos que hemos salido, hemos salido bajo presentación, la mayoría, no respetan los procesos”, afirmó.

Moreno cuestionó que la apertura de algunos centros de detención o la excarcelación de determinados ciudadanos pueda presentarse como una solución definitiva mientras otros permanecen encarcelados.

“Una cosa es abrir una puerta, otra cosa es retener a la gente adentro, sin motivo, sin razón, sin evidencia, que es más grave”, sostuvo.

También denunció la situación de personas con enfermedades graves que, según afirmó, continúan privadas de libertad sin recibir la atención médica que requieren.

Derechos humanos y seguridad jurídica

Moreno llevó además el debate más allá de las cárceles y vinculó la situación de los derechos humanos con las condiciones necesarias para la recuperación económica del país.

A su juicio, mientras persistan denuncias sobre detenciones, procesos judiciales cuestionados y restricciones sobre bienes de personas que han sido privadas de libertad, también se verá afectada la confianza de potenciales inversionistas.

“Si no hay liberación de presos políticos, no se respetan los derechos humanos. La ecuación da cero, no hay inversión en Venezuela”, afirmó.

Durante su declaración sostuvo que el problema también alcanza el derecho de propiedad y denunció casos en los que personas excarceladas, según su versión, no habrían recuperado el control de sus bienes.