Por Raimond Gutiérrez: El colapso del miedo y el quiebre del tutelaje

A lo largo de los último diez años, los analistas políticos recurrieron con frecuencia a la metáfora de la “olla de presión” para describir a Venezuela. Se hablaba de un país donde la acumulación del descontento social, el colapso de los servicios públicos y la asfixia económica generaban una fuerza interna colosal, contenida únicamente por la pesada y hermética tapa de la contencióngubernamental. Pues bien, a partir del tercer trimestre de este año la olla de presión no solo ha alcanzado su punto máximo de ebullición y la tapa, sostenida históricamente por el terror institucional, está a punto de romperse de forma irreversible. Lo que hoy presenciamos en las calles de Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Lara, Zulia y Caracas no es un estallido desordenado, sino la manifestación de una sociedad que ha tomado una decisión colectiva: perder el miedo.

El punto de inflexión psicológica colectiva que transformó el panorama nacional venía gestándose a inicios de este año. A partir de ese momento, la conflictividad social se disparó de inmediato: solo durante el mes de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Socialdocumentó 622 manifestaciones en todo el país, lo que representó un incremento inmediato del 53% en comparación con el año anterior. La salida del norsantandereano del poder central tras la incursión militar yanki alteró radicalmente las reglas del juego en el tablero del control social. Aunque la estructura del Estado permanece bajo una administración provisional -que retiene mandos medios y resortes judiciales del modelo anterior-, el aura de invulnerabilidad del aparato represivo se desvaneció. Para el ciudadano común, la percepción de que el régimen ya no cuenta con la misma capacidad de intimidación masiva operó como un catalizador inmediato. Gremios laborales, jubilados, estudiantes y vecinos de sectores populares entendieron que el costo de permanecer callados ante el colapso de sus vidas era infinitamente mayor que el riesgo de ocupar las avenidas.

Ningún escenario ilustra mejor este quiebre que el estado Bolívar. El corredor industrial de Guayana, históricamente considerado un bastión de control político y laboral, se ha convertido en el epicentro de la resistencia obrera. Los trabajadores de las industrias básicas del hierro, el acero y el aluminio -con las plantillas de Sidor, Ferrominera, Alcasa y Carbonorca a la cabeza- han tomado las autopistas estratégicas y trancado los accesos neurálgicos, desafiando abiertamente los cordones de seguridad.

La protesta en Bolívar ya no se limita a un reclamo corporativo por el cumplimiento de los contratos colectivos o la derogación delos nefastos Memorando 2792 e “Instructivo Onapre”. La masa obrera de Guayana ha dado un salto cualitativo al unificar sus demandas de subsistencia económica con exigencias puramente políticas. Al grito de que “no habrá salario digno sin democracia”, los sindicatos exigen la publicación inmediata de un cronograma electoral definitivo, el cese del veto político contra María Corina Machado y la libertad de los presos políticos. Al obligar a retroceder a patrullas militares en las carreteras nacionales, la clase obrera del sur demuestra que los mecanismos tradicionales de coacción laboral y disciplinamiento partidista están completamente rotos.

Esta valentía ciudadana contrasta de manera alarmante con los hallazgos institucionales. El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, presentado en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, arroja una advertencia escalofriante: a pesar de los profundos cambios políticos vividos desde enero, el aparato represivo y las estructuras que han sostenido las violaciones de los derechos humanos en el país permanecen completamente intactos.

El documento detalla que el sistema de persecución no ha sido desmantelado. Los investigadores independientes documentaron decenas de nuevos casos de tortura y tratos crueles que se continúan cometiendo, además de la persistencia de cientos de presos políticos en los calabozos del Estado. La impunidad sigue siendo la norma, con funcionarios señalados por violaciones de derechos humanos que simplemente han sido reasignados a nuevos puestos clave o cadenas de mando. Para la ONU, la maquinaria judicial y policial sigue operando como una herramienta disponible para silenciar la disidencia. Este dato reviste un valor sociológico fundamental: los venezolanos no están protestando porque el entorno sea seguro; están protestando, masiva y diariamente, a pesar de saber perfectamente que los fusiles y las mazmorras del Estado siguen listos para ser usados.

Esa ebullición popular ha terminado por desconfigurar los planes geopolíticos diseñados en el exterior. Tras los acontecimientos de enero, los sectores de poder en Washington proyectaron un esquema de transición ordenada, un tutelaje donde la administración provisional venezolana garantizaría la estabilidad institucional y el flujo seguro de petróleo a cambio de un alivio de sanciones y un replanteamiento diplomático. Se apostaba por una “paz petrolera” que enfriaría las calles y congelaría las aspiraciones democráticas inmediatas de la población bajo la excusa de la gobernabilidad técnica.

Sin embargo, a los diseñadores de la política exterior estadounidense se les está “revolviendo el caldo”. La sociedad civil venezolana se ha negado a comportarse como el sujeto pasivo de un laboratorio geopolítico. El descontento indomable frente a los apagones eléctricos de hasta 10 horas y el hambre provocada por sueldos congelados ha rebasado las expectativas del pacto diplomático. La frustración de los manifestantes ya no apunta solo hacia los ministerios locales; los sindicatos y gremios se agolpan de forma inédita frente a las sedes de representación de EE. UU. en Caracas para reclamar que no tolerarán más tutelaje extranjero que sostenga a un gobierno ilegítimo a costa de la miseria y los derechos constitucionales del pueblo. La calle venezolana le está enviando un mensaje nítido tanto a Miraflores como a la Casa Blanca: la soberanía popular y el derecho al voto no son negociables en una oficina de Washington.

El respaldo estadístico de este desborde callejero se encuentra en los demoledores estudios de opinión pública de firmas como Meganalisis. Los datos de los últimos 2 meses revelan un quiebre característico bien definitivo: un abrumador 94.3% de los encuestados declara abiertamente no identificarse con el socialismo del siglo 21, y dentro de la base histórica que alguna vez respaldó ese proyecto, cerca del 90% expresan un profundo arrepentimiento y vergüenza. Cuando el rechazo a la gestión interina supera el 93% en áreas críticas, el control social basado en el clientelismo simplemente dejó de ser efectivo porque ya no hay recursos económicos que repartir para comprar el silencio.

Venezuela se encuentra en un equilibrio extremadamente precario, donde el mito de la resignación popular ha quedado sepultado bajo la tierra. Al despojarse del temor ante la mirada de un aparato represivo intacto y un tutelaje extranjero inoperante, la ciudadanía ha transformado las calles en una fuerza que ninguna estructura del viejo orden puede contener. Hoy, más que nunca, cobra una vigencia estruendosa aquella proclama de Simón Bolívar ante la Sociedad Patriótica en 1811: “Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria”. La decisión ya está tomada; la calle venezolana ha dejado claro que el destino de su libertad no se negocia.