Daniel Romero cuestiona visita del fiscal general a Bolívar mientras persiste el retardo en causas de presos políticos

El pronunciamiento ocurrió durante una rueda de prensa en Puerto Ordaz, donde familiares de las personas detenidas por el denominado caso Roraima expusieron las dificultades que han enfrentado durante años para lograr avances en sus procesos

Puerto Ordaz, estado Bolívar.– La permanencia de causas judiciales abiertas durante años y el retardo en procesos relacionados con presos políticos fueron cuestionados por el dirigente y expreso político Daniel Romero durante una rueda de prensa realizada en Puerto Ordaz, donde tomó como referencia el caso Roraima para exigir respuestas al sistema de justicia.

Romero se pronunció luego de la visita del fiscal general Larry Davoe a Ciudad Guayana y cuestionó que la discusión planteada durante su presencia en el estado estuviera relacionada con una eventual reforma de la Ley contra el Odio, mientras, según denunció, permanecen personas detenidas y judicializadas sin una resolución de sus causas.

“Hubiéramos querido aplaudir esta visita; sin embargo, hoy nos encontramos en descontento porque vino a hacer una pantomima política y a intentar mostrarle al mundo que están debatiendo una supuesta reforma a la ley del odio”, afirmó.

Para Romero, el debate sobre esta normativa debe estar relacionado con las consecuencias que, según sostuvo, ha tenido su aplicación sobre ciudadanos que permanecen sometidos a procesos judiciales. En ese sentido, planteó la derogación de la denominada Ley contra el Odio y pidió revisar las causas que continúan abiertas.

“La Ley contra el Odio es la que ha colocado a cada uno de estos venezolanos tras las rejas y ha hecho sufrir a sus familias”, señaló.

El caso Roraima como ejemplo

El dirigente vinculó sus cuestionamientos con el caso Roraima, en el que, de acuerdo con los familiares presentes en la rueda de prensa, 10 personas continúan detenidas, entre ellas dos mujeres.

Los familiares expusieron durante la actividad las dificultades que han enfrentado para lograr avances en los expedientes. Mariana Pérez, hermana de Kimberly Espaillat Ismael, aseguró que el proceso acumula más de 140 audiencias sin que hayan comparecido funcionarios o testigos vinculados con la acusación.

“Hasta el sol de hoy, a cuatro años de esta detención, no ha habido en ni una sola de las más de 140 audiencias la declaración de nadie”, sostuvo Pérez.

Karla Mendoza Gil, hermana de Omarlys Arcia Gil, también denunció el prolongado retraso del proceso y afirmó que han transcurrido casi cinco años con más de 55 audiencias suspendidas.

“No les estamos pidiendo que nos regalen la libertad de estas personas, les estamos pidiendo que cumplan con su trabajo”, manifestó.

Reclamo a jueces y fiscales

Romero extendió su llamado a los jueces y fiscales que participan en estas causas y les pidió asumir sus responsabilidades frente a las denuncias de violaciones al debido proceso.

“Pónganse a derecho aquellos jueces y fiscales que han acatado órdenes políticas, y denle la libertad a estas personas que están sufriendo. La justicia va a llegar, y cuando lo haga, alcanzará a quien tenga responsabilidad en estos hechos”, expresó.

El dirigente también advirtió que los funcionarios que hayan participado en actuaciones que impliquen violaciones de derechos humanos podrían enfrentar responsabilidades en el futuro.

La rueda de prensa concluyó con el llamado de los familiares a revisar los expedientes del caso Roraima y garantizar el debido proceso, mientras Romero insistió en que la situación de los presos políticos en Bolívar debe permanecer en la agenda pública.