La universidad que necesitará la Venezuela postrera
Los grandes males de las universidades, que constituyen una plaga global, estructural y total -donde el mérito intelectual está subordinado a dinámicas de dominación, abuso de poder, corrupción institucional y fraudes científicos-, están magistralmente condensados en la obra «Los males de la academia», impresa en Oxford, Reino Unido, por la casa editorial Peter Lang Ltd., publicada en enero de 2026 y cuyos autores-coordinadores son los hispanos Ana Bravo-Moreno y Francisco Javier Ogáyar-Marín. En ese texto, además de las anteriores, se documentan las malas prácticas agrupadas en varias categorías: abuso de poder y acoso laboral; endogamia académica o nepotismo intelectual; deficientes pericias editoriales, y cultura de la impunidad y el silencio.
Frente a ese severo diagnóstico mundial, el diseño de un nuevo marco universitario no puede limitarse a corregir errores puntuales, sino que debe erigirse como un sistema inmune a esas perversiones. Para blindar el conocimiento y asegurar que la meritocracia no sea asfixiada por redes clientelares o corruptelas corporativas, es indispensable que la legislación actúe como un escudo ético y protector del talento libre.
El nacimiento de la nueva Venezuela, civil y democrática, exige mucho más que un cambio de nombres o leyes de emergencia; requiere un cambio radical en sus estructuras éticas y científicas. En el corazón de la próxima reinstitucionalización se encuentra un mandato impostergable: deponer para siempre el modelo de asfixia, control ideológico y tutoría centralizada que vulneró a la academia durante dos décadas, para dar paso a una universidad de vanguardia que sea el motor intelectual de la sociedad civil y que dé cabal y eficaz cumplimiento al postulado pétreo del artículo 109 constitucional de la autonomía universitaria, como principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes y egresados dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio moral y material de la nación.
La República civil se sostiene sobre ciudadanos libres y autónomos. Para que esa premisa sea real y no un mero enunciado retórico, las aulas universitarias deben transformarse en templos del libre pensamiento y la rigurosidad científica, deslastrados por completo de cualquier adoctrinamiento político-partidista. Para lograr esa transformación definitiva, es necesario estructurar un nuevo paradigma universitario asentado sobre bases ciudadanas y técnicas.
La universidad no puede ser un apéndice del Poder Ejecutivo de turno. Una nueva Ley de Universidades debe garantizar un blindaje absoluto a la autonomía académica, organizativa, administrativa y financiera de las casas de estudios superiores. La descentralización del saber es una garantía de salud democrática: las universidades deben poseer la flexibilidad necesaria para gobernarse a sí mismas, elegir a sus autoridades sin interferencias de los órganos del Estado y de partidos políticos, y resguardar la libertad de cátedra como un derecho inalienable.
El histórico modelo monorrentista, donde el presupuesto universitario depende totalmente del arbitrio y las finanzas del poder central, ha demostrado ser un mecanismo perfecto para la sumisión y la asfixia institucional. Por tanto, la nueva universidad debe ser financieramente robusta e independiente. Esto requiere abrir la legislación a esquemas de financiamiento mixto, tales como: incentivar la creación de fondos de capitalización patrimonial con aportes privados nacionales e internacionales; facultarla para generar ingresos legítimos mediante el desarrollo de patentes, la venta de consultorías de alto nivel y la transferencia de tecnología a los sectores productivos; y la evaluación de esquemas de financiamiento directo al estudiante mediante vales educativos, donde los recursos públicos sigan su libre elección, premiando el mérito y la excelencia de cada institución.
Por lo demás, es imperativo que la nueva Venezuela se edifique sobre el mérito y el esfuerzo individual. En el ámbito académico, esto significa desterrar la discrecionalidad ideológica y la lealtad partidista del ingreso y ascenso profesoral. La carrera docente debe basarse exclusivamente en rigurosos concursos públicos de oposición, producción científica comprobable y credenciales pedagógicas. Para lograrlo, es urgente dignificar la labor de los investigadores con salarios altamente competitivos a nivel internacional que detengan la fuga de cerebros y estimulen el retorno de los científicos venezolanos en el exterior. Al mismo tiempo, el nuevo Estado debe dotar a las universidades de fondos de contingencia para investigación, nivelando las carencias acumuladas (laboratorios desmantelados y falta de conectividad) para que la exigencia meritocrática sea justa y no punitiva.
La universidad venidera no puede operar con mallas curriculares rígidas heredadas del siglo pasado. El país institucionalizado necesita profesionales ágiles, creativos y globalizados. El nuevo diseño educativo debe orientarse hacia programas basados en competencias y credenciales modulares que asimilen la inteligencia artificial, el desarrollo digital y las ciencias de vanguardia. La visión de una sociedad próspera exige ciudadanos con un dominio trilingüe básico: el español, el inglés -como idioma universal del conocimiento- y el lenguaje digital. Además, las líneas de investigación científica deben poseer una estricta pertinencia con el desarrollo nacional y no con líneas partidistas: el rescate de la infraestructura civil, la modernización de los servicios públicos y la consolidación de un eje de energías limpias y renovables.
Veintisiete años deberían bastarnos para saber que la nueva nación -reinstitucionalizada, civil y democrática- a la que aspira el 80 % de la población nacional no se decreta en una gaceta; se construye en la mente de sus ciudadanos. Al devolverle la dignidad al mérito científico, garantizar la pluralidad absoluta de las corrientes de pensamiento y otorgar las herramientas para la suficiencia económica de las casas de estudios superiores, Venezuela no solo estará saldando una deuda histórica con sus universidades: estará encendiendo la antorcha del desarrollo sostenible, la innovación y la libertad para las generaciones venideras.
Por cierto que esa reconstrucción mental exige también extirpar de raíz los complejos sociales inoculados por el poder durante las últimas décadas, como el absurdo ideológico de intentar proscribir el calificativo de “superior” en la educación, rebajándola a meros “estudios universitarios” bajo la falacia de que reconocer la excelencia desmerita a otras personas o saberes. El país de mañana debe reivindicar sin miedo ni absurdos la jerarquía intelectual, pues la verdadera democracia no consiste en nivelar hacia abajo, sino en garantizar igualdad de oportunidades para que todo ciudadano capaz pueda conquistar las cumbres más altas del conocimiento.
