«No tenemos miedo»: excarcelados y familiares de presos políticos iniciaron una ruta de movilización nacional para exigir libertad plena

Redacción ODD/ InfoSur Guayana/ CNP 26.291

«No vamos a descansar. No tenemos miedo, vamos a seguir visibilizando lo que cada uno de ellos viven. Nos han contado con su propia voz las torturas que allí vivieron. Nosotros como familiares también estamos presos», expresó Maciel Gordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barriento Gordones, encarcelado desde hace seis años por la denominada Causa Gedeón, durante una visita realizada recientemente a Ciudad Guayana, como parte del inicio de una ruta de movilización nacional para exigir la libertad de todos los presos políticos.

Con esta ruta nacional de visibilización, familiares y excarcelados buscan denunciar la continuidad de las medidas restrictivas contra los procesados, la persistencia de centros de reclusión sin cierres definitivos y las irregularidades en las causas judiciales que afectan a civiles y militares en todo el territorio nacional.

La jornada, que contó con la presencia de más de 30 excarcelados y con familiares, marcó el punto de partida de un recorrido que abarcará diversos estados del país.

Cuestionamiento y rechazo

En el encuentro, Maciel Gordones cuestionó el manejo oficial respecto a los procesos de negociación y las cifras de excarcelación emitidas por las autoridades nacionales, al tiempo que rechazó que los detenidos sean utilizados como elementos de intercambio político.

«Mi hijo me dijo: ‘mamá, escuchamos cuando dijeron que con nosotros no había mesa de negociación’. Y yo le dije: ‘hijo, es que no la hay porque ustedes no son negociables, la orden es que los liberen. Ustedes no son fichas de canje’. Delcy, ¿hasta cuándo? Tienes que dar respuesta. Los muchachos no son fichas de canje, ustedes se tienen que poner a derecho», sentenció.

Asimismo, detalló graves inconsistencias procesales presentes en los expedientes de la Causa Gedeón, entre las que mencionó que a los procesados se les pretenden imputar penas superiores a los 30 años, además de que los registros señalan capturas en días distintos pero asentadas a la misma hora exacta.

Añadió que hay causas en las que los procesados aparecen como fallecidos, pero permanecen detenidos. Tal es el caso de Víctor Parra, quien -de acuerdo a Gordones- permanece detenido en el Rodeo I, pero figura como fallecido en la documentación judicial.

A su vez, hizo referencia al impacto que genera la situación socioeconómica en los derechos fundamentales del país, señalando deficiencias en los sistemas de salud y educación pública, y calificó la aplicación de los mecanismos de amnistía dictados hasta la fecha como «excluyentes» e ineficaces para la resolución de los casos militares.

Litigio minero

Pero, no solo la historia de Maciel Gordones resonó en la actividad; por su parte, el empresario José Ignacio Moreno, quien estuvo tres años y medio privado de libertad y actualmente se encuentra bajo medidas cautelares de presentación y vinculado al sector minero a través de proyectos internacionales en Las Cristinas (Kilómetro 88), denunció que su caso responde a una judicialización infundada por conspiración y traición a la patria en medio de un litigio de cobranza.

«Continuamos todos bajo presentación, no ha habido cambio del estatus. El llamado aquí es a que se cumpla lo acordado. Tienen que cerrar los centros de tortura. Seguimos con compañeros allá adentro sufriendo, que pueden morir en cualquier momento por negligencia burocrática», manifestó Moreno.

En su alocución, expuso las repercusiones de la paralización industrial y denunció la ocupación ilegitima por funcionarios de inteligencia (DGCIM) en sus propiedades residenciales y en las sedes corporativas en Bolívar sin orden judicial.

Al mismo tiempo, señaló que la inestabilidad jurídica e institucional impide la presencia de inversiones internacionales en sectores clave como la minería y las empresas básicas de Guayana, actualmente afectadas por la crisis energética.

En ese orden, exhortó al Poder Judicial e hizo un llamado directo a los jueces y magistrados del Circuito Judicial Penal para acelerar los sobreseimientos y otorgar la libertad plena a las personas detenidas sin pruebas consistentes.

Plan de acción y balance de casos

Por otro lado, el dirgente sindical y expreso político Daniel Romero precisó que la cifra actual de privados de libertad por razones políticas supera los 540 casos en todo el país, incluyendo a dirigentes sindicales, gremiales, políticos y ciudadanos procesados bajo irregularidades en las audiencias preliminares y de juicio.

«Más de 30 excarcelados seguimos siendo presos políticos porque aún no nos están judicializando ni otorgando la libertad plena. Sigue la misma metodología de los jueces y fiscales violando los derechos humanos. Ningún centro de tortura en Venezuela ha sido cerrado todavía, ni el Rodeo, ni Yare, ni el Helicoide», puntualizó Romero.

Respecto a las acciones inmediatas de la agenda articulada desde la región Guayana, el vocero reiteró que mantendrán los recorridos por el resto de los estados de Venezuela para unificar a los familiares y dar testimonio directo sobre las condiciones de reclusión.

Indicó que presentarán los expedientes y rostros de los detenidos reales para contrastar las listas oficiales presentadas en las mesas de negociación, y exigen el cese de las medidas de presentación periódica, la anulación de expedientes viciados y la liberación de la totalidad de civiles, militares y ciudadanos extranjeros aún detenidos.

En ese sentido, reiteró que mantendrán las acciones de protesta ciudadana de manera permanente hasta obtener la boleta de excarcelación definitiva de la totalidad de los procesados.